Las fuertes y masivas manifestaciones en varios puntos de la ciudad, que dejaron en evidencia el reclamo popular, hicieron que Rodolfo Suárez -gobernador de la provincia de Mendoza- suspenda provisoriamente la ley de la minería, que fue aprobada hace unos días y desató inmediatamente la polémica.
En una conferencia de prensa, Súarez afirmó que no reglamentará la ley hasta que no haya consenso por parte de todos los sectores sociales y dijo que su deber es garantizar la paz social. La ley 7.722, que en su génesis prohibía el uso de sustancias químicas en la actividad minera y con la nueva reforma dicha normativa se flexibilizó, volvió momentáneamente a su curso natural.
Sin embargo, el gobernador advirtió su deseo de poner en vigencias las modificaciones y aseguró que que se está queriendo instalar miedo cuando no lo hay. “Vamos a convocar a todas las entidades para que saquemos este debate a la luz. Aquí nací yo, viven mis hijos, nietos y lo que más quiero es cuidar el agua”, soslayó. Además, afirmó: “Infundir el miedo no está haciendo bien al debate”.
Para los manifestantes esta reforma -que permite el uso de cianuro y otras sustancias químicas en la minería-, pone en peligro la calidad y sanidad del agua, y por eso confluyeron a una multitudinaria protesta el pasado fin de semana exigiendo la pronta derogación de la ley.
“Vamos a convocar al arzobispado, a las universidades, a los sindicatos, a los partidos políticos y a los organismos internaciones para debatir seriamente y evitar que los violentos ganen este debate. No voy a hacer nada en contra del pueblo mendocino. Lo que queremos es cuidar el agua y que haya trabajo de calidad”, concluyó el hombre de Cambiemos.
