jueves, marzo 28, 2024
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Ley de Manejo del Fuego: inmobiliarias rurales afirman que el país se pegó “un tiro en el pie”

El presidente de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR), Juan José Madero, dialogó con Tranquera tras la aprobación del Senado al proyecto que modifica la ley nacional 26.815, afectando el dominio de los propietarios en tierras incendiadas, por períodos que van de 30 a 60 años. Advirtió que habrá planteos judiciales por la supuesta inconstitucionalidad de la iniciativa.

Finalmente, el Senado aprobó ayer, por 41 votos a favor y 28 en contra, el proyecto para modificar dos artículos de la ley nacional 26.815 de manejo del fuego, que ya había conseguido media sanción en la Cámara de Diputados. De esta forma, los propietarios tendrán vedado, de 30 a 60 años dependiendo del caso, el uso del suelo de campos quemados, incluso en hechos accidentales. 

Para profundizar sobre el tema, Tranquera se comunicó con Juan José Madero, presidente de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR), entidad que días atrás emitió un comunicado rechazando esta iniciativa del diputado Máximo Kirchner.

-¿Cuales son los principales aspectos que preocupan del cambio de la ley?

-Es un avance sobre la propiedad privada a través de restricciones severísimas ante situaciones que escapan a la voluntad o el alcance del dueño. Es llamativa la celeridad con que se aprobó sin consultar a expertos en el tema, a pesar de las advertencias y ofrecimientos de repensar esto. La verdad que es penoso que haya sido tratado un tema tan delicado, bajo la cobertura de lo que es la protección del medioambiente. Nadie niega que se lo proteja. Pero usar esa excusa para pisar un poco a la propiedad privada, que está garantizada en la Constitución, me parece que es para preocuparse.  

Nosotros no somos propietarios de las tierras, pero nos desempeñamos como operadores inmobiliarios que vendemos campos y empresas rurales, y conocemos de lo que es la propiedad, el dominio, y el usufructo. Entendemos que esto restringe el dominio porque no pueden hacerse divisiones. Por otro lado, el tema de las ventas no queda muy claro en el articulado, porque habla de tierras fiscales y privadas. Los 60 años (de restricciones) son para (incendios) en bosques nativos o plantados. Mientras que los 30 años son para campos de pastizales. O sea, abarca a todo el país.

En ese período, los campos pueden pasar de manos por una cuestión generacional. Y casi siempre pasa que cuando a las tierras las heredan los hijos, esa propiedad se divide y cada uno dispone de lo suyo para darle un uso productivo. Eso hoy está vedado (en los casos de incendios, con la aprobación del proyecto).     

“le van a dar a la Justicia un trabajo que no necesitaba hacer”

Por eso, los propietarios, que están directamente afectados por esta ley, son quienes tendrían que presentar una medida cautelar. Yo creo que no va a tardarse mucho para que empiecen ese tipo de acciones. Como dije, le van a dar a la Justicia un trabajo que no necesitaba hacer. Cuando en realidad tiene que ocuparse de buscar a los culpables de incendios intencionales, ya sea por imprudencia o maldad.

Porque recordemos, que hace un tiempo, se escucharon voces incitando a quemar campos y ese llamamiento no fue hecho con inocencia. Y hoy vemos esta situación en la que se encuentra quien es victima de un incendio, que puede ser natural, por un rayo que prende fuego un campo, por imprudencia, como alguien que tira una colilla de cigarrillo a la banquina, o simplemente por el objetivo de hacer daño, porque no le cae simpático el dueño.

Me parece que hoy la Justicia tiene que ir más para ese lado, como ya se contemplaba en la ley, que seguir adelante con esto. Pero el razonamiento es “como no puedo atrapar al culpable, y no puedo hacer cumplir la norma, condeno a todos”.  Es una simplificación, con una falta de análisis serio de estas cuestiones.  

Además tengamos en cuenta que el Estado muchas veces también falla en la disponibilidad de un equipamiento eficiente como para contener cualquier fuego que se encienda por la causa que fuera.    

-¿Crees que afectará en el corto o mediano plazo en la valuación de los campos?

-Lo que me parece es que esto va a traer mucho trabajo para la Justicia, porque es una ley que sale al cruce de los derechos constitucionales, tiene un rasgo anticonstitucional. Así que ante cualquier situación que se de, va a empezar a actuar la Justicia. Es como utópica la aplicación de esa ley.

“Los efectos de este tipo de medidas se van a ver con el tiempo”

Los efectos de este tipo de medidas se van a ver con el tiempo. La valuación de los campos ya se ajustó durante este año, que fue muy difícil. Hoy estamos entrando en una meseta de valores, donde los inversores están empezando a notar que ese valle de valores está cerca de un piso, y que entonces quien quiera comprar debe arrimarse a esos precios. Por eso, los efectos (de la aprobación del proyecto) inmediatamente no se van a replicar en los valores. Lo que puede pasar es que se ralentice un poquito el mercado. De hecho, vamos a entrar ahora en el clásico parate de verano.

Pero estoy apenado porque es como que le han pegado un tiro en el pie al país con esto. En vez de avanzar casilleros, hemos retrocedido en un aspecto que hasta ahora se respetaba, que es la propiedad privada protegida por la Constitución.

Las idas y vueltas que ha tenido la compra-venta de campos siempre fue más en función de la incertidumbre política, altísima carga impositiva, y trabas para la disponibilidad de divisas en la transacción de operaciones. Es decir, cuestiones más económicas y políticas vinculadas a las decisiones, las perspectivas y la previsibilidad que en Argentina lamentablemente cuestan encontrar. Ahora, la limitación de la propiedad privada es un nuevo componente.   

Luego de este proyecto, y teniendo en cuenta las tomas de tierras que hubo, ¿temen que pueda tratar de llevarse a cabo una reforma agraria como propone el dirigente social Juan Grabois?

-En el comunicado que sacamos, hablamos de “nuevo avance”. Con esto nos referimos al primer intento evidente, cuando el Estado quiso expropiar a Vicentin. Más allá de si la empresa es más o menos sana, es privada e indebidamente el Estado se la quiso quedar. En segundo lugar, ocurrieron episodios de ocupaciones rurales, periurbanas y urbanas. Fue muy público lo de Etchevehere por su relevancia, Pero, al mismo tiempo, había tomas en el predio de Guernica, que es periurbano, y en el sur en la zona de Villa Mascardi, con violencia. Son tomas de tierras que muestran un avance de la propiedad en general, no solo una cuestión del campo. El Estado dejó hacer con indolencia e incluso había funcionarios coordinando o apoyando esas ocupaciones, en vez de defender a los derechos de los dueños. Al final, el Estado tuvo que actuar casi a regañadientes y el asunto se serenó. En este contexto, ahora hay un tercer intento en ese sentido, disfrazado de protección ambiental, donde ya se limita el dominio.

En esta oportunidad, fueron por la vía legislativa con un trámite súper express y llamativo, para algo que afecta al todo territorio nacional y la producción de alimentos. Ahora salvo que el presidente lo vete, cosa que dudo aunque uno nunca pierde la esperanza, esto se judicializará.

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