Mediante un decreto, el Gobierno convoca a Gobernadores e Intendentes a fiscalizar precios

Se publicó hoy en el boletín oficial el decreto 351/2020 en el cual se convoca a los intendentes, gobernadores y al jefe de gobierno porteño, en forma concurrente con la Nación, a realizar la fiscalización y control del cumplimiento de las disposiciones establecidas por la Secretaría de Comercio Interior en el que se establecieron precios máximos de venta al consumidor de bienes de consumo general”.

“Convócase a los Intendentes e Intendentas de todos los municipios del país a realizar, en forma concurrente con la Nación, la fiscalización y control del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Resolución de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Nº 100/20, o las que en el futuro la prorroguen, reemplacen o amplíen, en los supuestos comprendidos en el artículo 15 de la Ley Nº 20.680”, dispone el artículo 2.

El artículo 4, por su parte, amplía la convocatoria a los gobernadores y al Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para realizar la misma tarea de fiscalización y se les pide que coordinen “las acciones con los intendentes e intendentas de cada jurisdicción, conforme las normativas provinciales y municipales”.

El decreto “se mantendrá vigente mientras dure la emergencia pública en materia sanitaria” y será la propia Secretaría de Comercio Interior quien tendrá a su cargo las tareas de juzgamiento de la infracciones como también brindará a las autoridades municipales la asistencia técnica y la cooperación que le sean requeridas.

Entre los considerando, se cita el artículo 42 de la Constitución Nacional que establece que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno, debiendo las autoridades proveer a su protección, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y al control de los monopolios naturales y legales.