Los presidentes de las Uniones Industriales de Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, provincias ubicadas en las regiones del NEA Y NOA, emitieron un comunicado expresando su preocupación con respecto a los maléficos efectos colaterales del coronavirus en el norte del país.
La Cámara de Uniones Industriales del Norte (UNINOA) destacó que la cuarentena obligatoria dictada por el Gobierno, que impide trabajar con normalidad, está provocando graves consecuencias en esas regiones y que la situación de muchas empresas es insostenible a corto plazo. Por ello, solicitaron una reunión con Alberto Fernández con el fin de obtener un paquete de medidas que les alivie su carga impositiva.
“La cuarenta ha trastocado la actividad de las empresas. Esta caída de actividades nunca vista en esta región agrava la crisis económica que venía arrastrando y potencia el desequilibrio territorial que sufren estructuralmente las provincias del norte argentino”, argumentaron los titulares de las provincias, quienes piden beneficios federales que les permita subsistir a la crisis.
En este contexto, sostuvieron que muchas empresas se encuentran en la encrucijada de mantener los puestos de trabajo o de cumplir con el sinfín de obligaciones impositivas: “Debemos elegir entre pagar los impuestos o mantener los empleos, y ambas opciones tienen como consecuencia directa un gran impacto negativo es las regiones del NEA y NOA”, enfatizaron.
Los representantes de dichas provincias mantuvieron una reunión con Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial Argentina para manifestar que “la UNINOA acompaña las medidas que ha solicitado la UIA al Gobierno Nacional”. Asimismo, expusieron la gravedad de los problemas que acarrean y destacaron que, sin embargo, muchas de las medidas no impactaron tal como se esperaba, alcanzando un 5% de las industrias de las regiones del norte.
Entre otros temas, la cámara que agrupa al NOA y NEA desea obtener una audiencia con el presidente de la Nación para lograr la instrumentación de medidas de financiamiento automático mediante un diferimiento del pago por el término de 365 días de impuestos (tributarios, aduaneros, de la seguridad social, y de planes de pagos vigentes en AFIP) correspondientes a los próximos tres meses o mientras dure la emergencia sanitaria.
