Hoy a la mañana Tranquera anunciaba que la justicia de Santa Fe fijó un nuevo plazo para que los acreedores de Vicentin presenten sus pedidos de verificación de créditos hasta el 25 de agosto inclusive. Hace unas horas, el presidente, Alberto Fernández, anunció que la empresa agroexportadora “será declarada de utilidad pública”, así como también explicó que será intervenida y que elevará un proyecto de ley al Congreso para expropiarla.
A través de una conferencia de prensa, Fernández confirmó que “los trabajadores de Vicentin continuarán en sus puestos de trabajo” y “que los 2600 productores que operan con la entidad seguirán trabajando con ella”.
Asimismo y según trascendió, se dispondría la creación de YPF Agro SA y la intervención de Vicentin, unificando la operación de las compañías que estaría a cargo de Gabriel Delgado, un economista del INTA cercano a Fernández, que fue secretario de Agricultura y firme candidato para ser ministro, lugar que finalmente ocupó Luis Basterra.
Delgado fue Director del ex Centro de Investigación en Ciencias Políticas, Económicas y Sociales (CICPES) del INTA, hoy Centro de Investigación en Economía y Prospectiva (CIEP).
En 2013 y por un periodo de 6 meses asumió como Gerente General de INTeA S.A. (Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias), unidad de soporte y nexo entre el INTA y los actores de la cadena agroindustrial. Asimismo, Delgado es productor agropecuario y tiene dedicación docente desde hace aproximadamente 20 años en carreras de grado y posgrado.
De esta manera, el objetivo del Gobierno sería “rescatar” a la empresa con el fin de hacer frente al pago de deudas a productores de interior, renegociar con los bancos acreedores y asegurar la paz social y estabilidad laboral con gremios.
“El Estado es el principal acreedor de la empresa. La vamos a rescatar, es una empresa líder para que continúe funcionando y sus trabajadores tengan la tranquilidad de seguir trabajando, lo mismos que los productores que le venden lo que producen”, explicó el Presidente.
Además, indicó: “Que el Estado cuente con una empresa testigo en el sector es algo muy importante. Es una medida estratégica que favorece a la Argentina para lograr la soberanía alimentaria”.
La situación de Vicentin
Cabe destacar que Vicentín solicitó en febrero pasado la apertura de su concurso preventivo de acreedores. En total, según medios judiciales, la deuda de la compañía asciende a 1.350 millones de dólares, de los cuales unos 1.000 millones corresponderían a préstamos de los bancos y el resto a empresas del sector agrícola.
El Banco de la Nación es uno de los principales acreedores. Con el cambio de gestión a comienzos del año, Las nuevas autoridades de la entidad oficial iniciaron un sumario administrativo luego de detectar que durante la gestión de Cambiemos el Banco Nación le otorgó préstamos a Vicentin por $18.700 millones.
En lo que se refiere a la cantidad de acreedores, 1.895 son por compra de granos, 586 de bienes y servicios, 37 financieros, 19 fiscales y aduaneros, 98 accionistas, y tres sociedades vinculadas.
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