Desde el agro piden modernizar la ley: "no desregular sin criterio, sino ordenar para seguir creciendo"

En el marco del debate por la reforma laboral en la Cámara de Diputados de la Nación, representantes del sector agropecuario defendieron los cambios propuestos al régimen de trabajo rural y plantearon que la iniciativa puede contribuir a generar más empleo formal en el interior productivo.

Durante su exposición, el vicepresidente primero de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), José Colombatto, sostuvo que la discusión debe centrarse en la realidad cotidiana del empleo en el campo. Según afirmó, la relación laboral rural tiene características propias y la previsibilidad normativa resulta determinante para incentivar la registración.

El dirigente advirtió que, cuando la legislación se aparta de la dinámica productiva, termina fomentando la informalidad. En ese sentido, remarcó que la reforma introduce ajustes que -a su juicio- no recortan derechos, sino que buscan adaptar el marco legal a la estacionalidad, los ciclos biológicos y la dispersión territorial que caracterizan al trabajo agrario.

Entre los puntos destacados, Colombatto mencionó la redefinición de la responsabilidad solidaria para que recaiga en quien efectivamente emplea, el reconocimiento explícito de los contratos temporarios vinculados a campañas productivas y el fortalecimiento de la negociación colectiva en el ámbito de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario. Para CRA, estas modificaciones permitirían reducir la incertidumbre jurídica y facilitar la formalización laboral.

El dirigente también subrayó el impacto social de la registración, al considerar que el empleo formal en las zonas rurales implica acceso a cobertura de salud, aportes previsionales y mayor arraigo territorial. En ese marco, pidió a los legisladores acompañar la iniciativa como una política orientada a recuperar el empleo registrado en las economías regionales.

La mirada de la Fundación Barbechando

En la misma jornada expuso la presidenta de Fundación Barbechando, Ángeles Naveyra, quien planteó que el proyecto tiene un "alto impacto" porque corrige distorsiones que -según indicó- durante años generaron litigiosidad, informalidad y desincentivos a la inversión.

Naveyra destacó que la reforma reconoce la especificidad de la Ley 26.727 frente al régimen general, y remarcó el peso del agro en la economía, al señalar que el sector representa cerca de una cuarta parte del PBI y la mayor parte de las divisas que ingresan al país.

Entre los aspectos laborales que valoró, enumeró la eliminación de la responsabilidad solidaria automática entre propietarios y arrendatarios, la adecuación del régimen a la estacionalidad productiva, la creación de un fondo para afrontar indemnizaciones, la negociación salarial directa entre partes y la extensión del período de prueba.

La titular de la fundación también puso el foco en el capítulo impositivo del proyecto, al considerar que medidas como el diferimiento del impuesto a las ganancias para la hacienda en proceso productivo y la devolución del saldo técnico de IVA pueden mejorar el capital de trabajo y estimular inversiones.

Finalmente, la titular de Barbechando sostuvo: "Queremos y creemos que este Congreso tiene hoy la oportunidad de enviar una señal clara, modernizar esta ley" y agregó: "pero no desregular sin criterio, sino ordenar para seguir creciendo".

Un debate con impacto estructural

Las intervenciones reflejaron la posición de parte del sector agropecuario en una discusión que atraviesa el Congreso y que tiene implicancias sobre el mercado laboral y la estructura productiva. Mientras el oficialismo y distintos bloques analizan los alcances de la reforma, las entidades rurales coincidieron en que el eje debe estar puesto en generar condiciones de previsibilidad que permitan aumentar el empleo registrado y la inversión, especialmente en el interior del país.