Impulsan la reducción del IVA al huevo para combatir la informalidad y equiparar cargas
Legisladores buscan bajar la alícuota del 21% al 10,5% para el sector avícola, una medida que, según productores, permitiría formalizar la cadena y generar un saldo fiscal positivo.
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Una iniciativa para reducir del 21% al 10,5% el IVA que grava al huevo busca avanzar en el Congreso y podría ser debatida durante el tratamiento del presupuesto nacional. El diputado nacional del PRO Javier Sánchez Wrba trabaja en la propuesta junto a integrantes de su bloque y mantiene conversaciones con el oficialismo, tomando como base un proyecto presentado originalmente por Alicia Fregonese en 2020.
El planteo busca equiparar la carga impositiva del huevo con la de otras proteínas animales, como el pollo, el cerdo y la carne bovina, que ya cuentan con la alícuota reducida desde la reforma fiscal de 2017. Según la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (Capia), la medida fomentaría la formalización del sector.
Queremos discutirlo en el marco del tratamiento del presupuesto, precisó Sánchez Wrba.
Javier Prida, director ejecutivo de Capia, destacó los beneficios de esta posible reforma. El directivo señaló que la diferencia de alícuotas genera una competencia desleal, ya que los productores que operan en la informalidad evaden el tributo mientras que los formalizados deben trasladar el 21% al precio final.
Consideramos que la reducción sería beneficiosa para el país, para los consumidores y para los productores, principalmente los que están más formalizados, afirmó Prida.
En el Congreso también existen otras propuestas similares. Los diputados Guillermo Michel y Marianela Marclay, de Unión por la Patria, presentaron un proyecto con el mismo objetivo, mientras que una iniciativa del diputado de La Libertad Avanza, Andrés Ariel Laumann, no prosperó. Los fundamentos de los proyectos resaltan que, según el Informe Productivo 2025 de Capia, la producción alcanzó los 18.970 millones de huevos, consolidando a la Argentina como el mayor consumidor mundial por habitante.
Respecto al impacto en las cuentas públicas, el sector sostiene que, aunque habría una caída inicial en la recaudación, la formalización permitiría cerrar el primer año con un saldo fiscal positivo de 40 millones de dólares. Según las estimaciones de Capia, el Estado perdería cerca de 70 millones de dólares en los primeros seis meses, pero recuperaría 110 millones en la segunda mitad del año.
