Tras la decisión del Gobierno nacional de intervenir, por medio de YPF Agro, a la empresa exportadora Vicentin y enviar un proyecto al Congreso para su expropiación, Tranquera dialogó con el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Gabriel De Raedemaeker, y el titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni.
De Raedemaeker recibió la noticia con “sorpresa y preocupación”, ya que desde el Gobierno ni siquiera les mencionaron a las entidades del campo (CRA, SRA, FAA y Coninagro) sobre esa posibilidad. “Fue algo totalmente inesperado y es preocupante, porque puede sentar un precedente de aquí en más para muchas empresas que están pasando por una situación de ahogo financiero y recurrieron al Estado para algún tipo de asistencia”, consideró.
“Hay muchos ejemplos de que las intervenciones estatales no han dado buen resultado”
Por su parte, Achetoni aseguró que desde Federación Agraria apoyarían la medida solo si se le diera participación a las cooperativas y los productores en el manejo de la empresa. “El Estado por sí solo no es garantía de que se logre alguna mejora. Hay muchos ejemplos de que las intervenciones estatales no han dado buen resultado y no se corrigieron las distorsiones. Ya lo hemos visto en disposiciones del Estado con el tema importaciones, que tienen en vilo a los productores porque no saben qué dólar les van a cobrar los insumos. Las garantías de un buen funcionamiento se dan por la sinergia entre lo público y lo privado, con productores de distintos tamaños que puedan tener participación en las decisiones”.
“Si la idea de estatizar es evitar que 3 o 4 empresas grandes terminen concentrando más el mercado con la absorción de Vicentin, eso se lograría con cooperativas y pequeños actores. Pero si después se termina concentrando en otro actor fuerte o trasnacional a fin de cuentas sería un pasa mano que no tendría sentido. Por ejemplo en YPF, no hay accionistas de la envergadura que puede tener un pequeño o mediano productor. Si es así, el esfuerzo que va a hacer el Estado, que en definitiva lo va a hacer el pueblo, no va a tener el efecto que se promociona”, agregó.
En definitiva, desde la Federación Agraria, todavía se encuentran analizando la situación. “Fue bastante sorpresivo. Si bien había rumores, no había nada concreto, y queremos ver en qué consiste el proyecto para tener una definición. No es momento para criticar ni aplaudir, hay que ver bien lo que sucede”, explicó el dirigente.
A su turno, De Raedemaeker calificó de “avasallamiento” el pedido de expropiación, ya que había vías institucionales para resolver los problemas financieros de Vicentin, cuya deuda asciende a unos 1350 millones de dólares y el Banco Nación es uno de sus acreedores. “Es un problema de deuda entre privados. Si hubo asistencia financiera poco clara por parte de la banca nacional, tendrá que resolverlo una auditoría y la propia Justicia. Pero no es ese un justificativo para avanzar sobre la propiedad privada”.
En ese sentido, evaluó que no había necesidad de tomar esta decisión cuando podía haber otros actores del sector privado interesados en la empresa y que además se trata de un avance de un poder del Estado sobre otro. “No brinda certezas de seguridad jurídica sobre la propiedad privada y desalienta la llegada de inversiones extranjeras. Hay muchas empresas complicadas desde el punto de vista financiero, desde tambos a proveedoras de insumos, que quedarían endebles desde el punto de vista de la seguridad jurídica en un momento del país donde se necesita de la iniciativa privada”, agregó.
Por eso, consideró que la discusión que se viene en el Congreso será “trascendental” para que puedan aclararse cuáles son las intenciones. “Porque uno advierte que detrás de una causa noble, como es la conservación de puestos de trabajo y apuntalar la producción, puede haber segundas intenciones poco claras y cubiertas de algún tipo de ideología política”, señaló.
“no tranquiliza que esto pueda ser una posible intervencion estatal en el comercio de granos”
Además recordó que hay “muchos ejemplos de ineficiencia en el Estado empresario, con pérdidas de dinero y manejos poco claros”. A su vez, opinó que “no tranquiliza que sea ésta la salida como tampoco tranquiliza que esto pueda ser el inicio de algunas versiones que, ya se hablaban durante la campaña presidencial, acerca de una posible intervención estatal en el comercio de granos”.
Por su lado, Achetoni relativizó esa posibilidad. “Con el porcentaje de Vicentin, que no llega al 10% de participación en el mercado, no van a poder cooptar el manejo del comercio de granos”.
Aunque aclaró: “El Estado sí tiene herramientas, como lo ha hecho en las importaciones, para trabar la operatoria. Si lo hacen, van a perjudicar a los productores, porque los exportadores les van a transferir cualquier regulación estatal que los afecte”, finalizó.
