La Escuela Agrotécnica Salesiana “Carlos Casares”, ubicada en la localidad de Del valle, en el Partido de Veinticinco de Mayo, es una prestigiosa institución educativa, un instituto modelo en la región, que nuclea en su matrícula a unos 300 alumnos que viven en diferentes partes de la provincia de Buenos Aires e, incluso, de la propia Capital Federal.
Por ese motivo, los curas salesianos desde hace muchos años los proveen de lugar de residencia y comedor. El establecimiento produce especialmente los alimentos que consume, pero también industrializa chacinados y lácteos, promueve y genera energías alternativas y hasta transforma los residuos ganaderos e industriales en biogás y biofertilizantes.
El advenimiento de la pandemia de coronavirus, sumado a la inexistencia de un protocolos específico emanado de las autoridades pertinentes (Ministerio de Educación de la provincia) y que atienda las especificidades propias de esta escuela, hicieron que se las tengan que arreglar por su cuenta.
Así fue como, desde el año pasado, se implementaron protocolos propios, y avalados luego por la Inspección en su momento, que permitieron que los alumnos siguieran residiendo allí, ininterrumpiendo las clases y sin reportar si quiera un caso positivo de Covid-19.
Ahora las cosas cambiaron. Desde el DIPREGEP obligan al establecimiento a adaptarse al protocolo general de escuelas que ahora sí existe pero que lejos está de atender a las particularidades de esta escuela rural: sin residencia, sin comedor, con jornadas de cuatro horas y la obligación de que los alumnos retornen a sus domicilios al cabo de esa jornada, la EAS está condenada al cierre y los alumnos “sentenciados a la no educación”, sentenció la médica veterinaria y docente del establecimiento Dra. Florencia Celma en diálogo con el Diario La Mañana de Bolívar.
“¿Qué les pasó ahora a ellos que deben atender a la diversidad de escuelas? Si pregonaron durante tanto tiempo que cada chico era diferente y debía tener una trayectoria pedagógica particular, ¿por qué las escuelas no pueden tener protocolos diferenciados?”, se preguntó Florencia.
Celma agregó que el protocolo diseñado el año pasado fue “muy exitoso” y que por el contrario, el que ahora se intenta implementar es impracticable. “Hay que comprender que muchos de nuestros alumnos viven en el campo, en lugares donde no hay conectividad y que la mayoría de ellos carecen de instrumentos tecnológicos adecuados. A veces tienen que utilizar el teléfono celular de sus padres (cuando éstos lo poseen), muchos de esos alumnos son chicos de bajísimos recursos económicos y están muy lejos aún de la tecnología. Por eso la escuela y su lugar físico es para ellos imprescindible”, explicó.
La realidad está planteada. Es imperioso que las autoridades educativas reflexionen y revean una decisión administrativa que podría generar un daño irreversible.
