Finalmente esta semana el Gobierno le confirmó, a la Mesa de Enlace, la suba de las retenciones a la soja, que pasarán del 30 al 33% para aquellos que produzcan más de 1000 toneladas. Para el resto, se estableció un esquema de compensaciones.
Quienes producen menos de 100 toneladas pagarán el 20%, de 101 a 200 abonarán el 23%, de 201 a 300 el 26%, 301 a 400 toneladas el 28% y de 401 a 500 un 29%. De concretarse la compensación, todos estos productores tendrán una baja de las retenciones actuales. Por otra parte, quienes produzcan más de 500 hasta 1000, se les mantendrá el 30%. Además, se anunciaron bajas en los derechos de exportación para el girasol y diferentes productos regionales.
Desde el Gobierno sostienen que 42.406 productores sojeros, que representan el 74,2% del total y generan un 23% del volumen, seguirán pagando lo mismo o menos. Mientras que a los que se ubican por encima de las 1000, que representan un 26% y generan el 77% del cultivo, se les aplicará el aumento.
¿Pero estas medidas conforman a la Mesa de Enlace en un momento donde los precios internacionales de la oleaginosa están muy lejos de los picos históricos del 2008, año en el que casualmente se produjo el histórico conflicto entre el kirchnerismo y el campo por las retenciones móviles?
“Queríamos que frenaran la suba de las retenciones. Con esa idea nos reunimos con el ministro de Agricultura, Luis Basterra. No hubiésemos ido si sabíamos que era para recibir este anuncio. En el cortísimo plazo, desde CRA vamos a hacer un cese de comercialización. La fecha se definirá esta semana. En realidad, nosotros ya teníamos el mandato de nuestras confederaciones y se suspendió cuando el ministro llamó a la reunión”, respondió el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Luis Raedemaeker, al ser entrevistado por Tranquera.
El dirigente sostuvo que “no es buena” la forma en que piensa implementarse la segmentación, ya que “fracasó” otras veces. “Se instrumentaría por acreditación a cuenta del impuesto a las Ganancias. Para eso, tenés que estar en el Nivel 1 de los requisitos que se piden habitualmente para la liquidación de ventas y siempre encuentran algo para bajarte. Si realmente quieren devolverlo, que no lo cobren. Son mecanismos difíciles de instrumentar. Además el productor necesitará un mayor asesoramiento impositivo, lo que significará otro costo”, detalló.
Desde CRA vamos a hacer un cese de comercialización. La fecha se definirá esta semana.
Además no descartó que se pueda llegar a un conflicto como el de 2008. “El productor está en una situación de caja peor. Agravada por la falta de lluvias y los precios que se desplomaron por la situación coronavirus, que frenó la demanda internacional. Eso genera un estado de ánimo más enardecido. No creo que se corten rutas, porque nadie quiere molestar a la sociedad. Pero cuando se manifiestan en la ruta, hay una línea demasiado delgada con el control de cargas. Por eso tratamos de dilatar el paro para no generar condiciones sociales más tumultuosas”, comentó.
Raedemaeker indicó que no lograrán dividir a la Mesa de Enlace con esta segmentación, y que incluso tienen un gran apoyo de los productores de economías regionales. “Es interesante la baja para esas producciones, siempre y cuando sea un camino hasta la eliminación total. Obviamente a los productores ovinos y maniseros les implica una mejora. Pero las entidades del sur del país, que se dedican principalmente a la actividad ovina, están absolutamente alineadas para sumarse al reclamo. Tienen solidaridad con sus colegas”.
Por su parte, el presidente de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, le aseguró a Tranquera que no descartan un cese de comercialización. “Las entidades (CRA, Sociedad Rural, CONINAGRO y la Federación Agraria) estamos haciendo un relevamiento entre nuestros asociados y en estos días decidiremos los pasos a seguir”.
Achetoni aseguró, a diferencia de lo que sostiene el Gobierno, que serían muchos menos de 42 mil los productores que tendrían la compensación. Ya que se establece otro tope de 14 millones de pesos de facturación anual sin distinguir el origen de esos ingresos. De esta forma, sostuvo, terminarían quedando afuera muchos productores que hacen menos de 1000 toneladas de soja, pero que igualmente se exceden de ese monto con otras actividades. “Así, el productor que hace soja y al mismo tiempo rota con otros cultivos queda afuera del beneficio. Por otro lado, tampoco coincide ese límite con el valor de 1000 toneladas, que representan unos 15 millones de pesos. Le dije al ministro que iba a quedar mucha gente afuera, pero no pudimos desarrollar demasiado el tema”, ejemplificó.
El ruralista criticó que no se contemple al productor que supera las 1000 toneladas gracias al arrendamiento, pero que en realidad no posee una gran extensión de campo. De todas maneras, consideró: “Por más escala que tenga el productor, el 33% de retenciones juega con el límite de su rentabilidad”.
En ese sentido, los dirigentes cuestionaron que tampoco se distinga la zona productiva al momento de aplicar una compensación, ya que en las provincias norteñas tienen mayores costos de traslado hasta el puerto y un menor margen de ganancia.
“Castigás al tipo que tuvo pérdidas. Porque si además se lo acreditás para el pago de Ganancias que no han tenido, ¿cuándo lo recuperan? Termina siendo un castigo a los ingresos independientemente del resultado”, afirmó Raedemaeker.
La oposición también salió al cruce
Dirigentes de la oposición cuestionaron la medida del Gobierno. Es el caso del diputado de Juntos por el Cambio y ex ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile.
Consultado por Tranquera, Buryaile indicó que al presidente Alberto Fernández está desinformado sobre la realidad del sector. “Cuando los precios internacionales están cayendo, no podemos subir los impuestos. Hay que mirar la ecuación económica de la gente para saber si pueden pagar. Hay un estudio muy serio del INTA que habla de lo que significan los derechos de exportación en el norte del país. Si con el 30% estaban complicados, con el 33 se los deja afuera del mercado”.
Buryaile, quien además se desempeñó como dirigente de CRA durante el conflicto del 2008, dijo que no cree que se vuelva a un enfrentamiento similar. “No veo que haya ese clima, pero sí veo un escenario económico peor. Los márgenes hoy no son los mismos de ese entonces. En esos años había un promedio de 480 dólares por tonelada, cuando hoy es de 320”.
Respecto al rol del ministro Basterra, Buryaile opinó: “Técnicamente es una persona preparada y con experiencia política. Pero hay que ver es si lo que él quiere coincide con lo que le permiten hacer. El gobierno tiene una visión del sector sobre que debe pagar la factura. Escucho discursos de algunos, que atrasan 100 años, refiriéndose al campo como la oligarquía”, finalizó.
