La oposición de Juntos por el Cambio, bloque integrado por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, firmó un comunicado expresando su desacuerdo con la medida adoptada por el mandatario Alberto Fernández, quien anunció la intervención del Estado a la empresa agroindustrial Vicentín y enviará un proyecto de expropiación que se tratará en el Congreso en los próximos días.
La decisión del Gobierno fue catalogada por los dirigentes opositores como una maniobra “ilegal e inconstitucional que terminará costando millones de dólares a los argentinos”. En un breve comunicado publicado en el día de ayer, y con la firma de Alfredo Cornejo (UCR), Patricia Bullrich (PRO), Maximiliano Ferraro (Presidente CC – ARI), Luis Naidenoff (UCR), Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO), Humberto Schiavoni (PRO) y Juan Carlos Romero (Presidente de Interbloque Federal del Senado), la oposición cargó contra el oficialismo y dijo que “este modelo ya fracasó y nos costó carísimo”.
“El dnu viola la propiedad privada consagrada en la constitución”
Para los referentes del bloque opositor, el anuncio pasa por encima del Congreso y el Poder Judicial ya que “el Estado sólo puede intervenir empresas con una ley del Congreso, cosa que todavía no existe”, y remarcaron que el DNU publicado por el Gobierno “viola la propiedad privada consagrada en la Constitución”. Asimismo, enfatizaron que el hecho se trata de una manera de dar el primer paso para romper el mercado de granos.
“Con la excusa de la Soberanía Alimentaria, un concepto rechazado por la OMC y la FAO de Naciones Unidas, la expropiación de Vicentín puede ser el primer paso del Gobierno para avanzar en una mayor regulación del mercado de granos, que funciona bien y es la principal fuente de divisas del país. Quién sabe si su ambición no es volver a una Junta Nacional de Granos, el viejo anhelo de una parte de la coalición oficialista”, soslayaron.
Asimismo, dijeron que “el kirchnerismo ya hizo esto con empresas como YPF, Ciccone, Aerolíneas Argentinas y Aguas Argentinas, a las que expropió por decreto con un discurso triunfalista y por las que después los argentinos tuvimos que pagar miles de millones de dólares en juicios y haciéndonos cargo de sus pérdidas” y sostuvieron que las empresas tienen razones para sospechar que cualquier ayuda estatal podrá ser usada en su contra en el futuro cercano.
Por último consideraron que “tanto la oposición como la ciudadanía debe estar en pie de alerta ya que este hito es el primer indicio claro de la intención del Gobierno de avanzar con la participación estatal en empresas” e hicieron alusión a las medidas establecidas por Hugo Chávez en Venezuela.
