La Cámara de Apelaciones de Santa Fe resolvió homologar el concurso de acreedores de Vicentin y despejó así un camino que estuvo marcado por desafíos legales y tensiones financieras. Aunque ya se habían obtenido las mayorías de avales requeridas por ley, la aprobación del juez de primera instancia, Fabián Lorenzini, se hacía esperar. La reciente convalidación de segunda instancia judicial allana el terreno para la ejecución del plan de pagos por más de US$ 400 millones destinado a 1.600 acreedores, que podría empezar a correr el próximo mes de abril.
El plan de pagos propuesto contempla una distribución inicial de US$ 30.000 para cada una de las firmas personales o societarias que verificaron su situación. Con este enfoque, la mitad de los acreedores podría saldar completamente sus deudas.
Además, el plan incluye la transferencia de titularidad de la empresa, donde la familia fundadora y sus herederos cederían el 95% de las acciones a los nuevos Inversores Estratégicos. Este proceso se llevará a cabo en un lapso de 12 años, permitiendo una transición gradual en el control de la compañía.
Preservación
La decisión de la Cámara de Apelaciones tiene como objetivo principal “la preservación de los puestos de trabajo y la continuidad de las operaciones en las plantas industriales de Vicentin”.
Desde la cesación de pagos en diciembre de 2019, la empresa mantuvo su operatividad y cumplió con el pago puntual de salarios, brindando servicios a otras compañías del sector.
En las últimas horas, se conoció la iniciativa de Vicentin de organizar una reunión con las nuevas autoridades del Banco Nación, principal acreedor de la empresa.
Las posibilidades de acuerdo en el proceso de recuperación de Vicentin se centran en la reactivación de unidades que no son prioritarias para los inversores estratégicos. Entre ellas se destaca la planta de etanol en el norte santafesino, cuyo pleno funcionamiento podría convertirse en un instrumento clave para saldar la deuda con el Nación.
El plan en detalle
El plan de pago de la empresa está vinculado a contribuciones tanto de Vicentin como de los Inversores Estratégicos, quienes adquirirían el 95% de la empresa por US$ 462 millones.
Este plan se estructura en tres etapas clave. En primer lugar, se realizaría un pago inicial de US$ 170 millones, distribuyendo 35,9 millones entre todos los acreedores verificados o admitidos a razón de US$ 30.000 para cada uno. Los restantes US$ 134 millones se asignarían prorrateadamente entre todos los acreedores. Esta inyección de capital “marcaría el comienzo del proceso de recuperación financiera de la empresa”.
A su vez, tras el pago inicial a los 365 días se contempla un desembolso adicional de US$ 127 millones, nuevamente distribuido de manera prorrateada entre los acreedores. Finalmente, un tercer pago estimado de US$ 165 millones estaría sujeto a condiciones y se realizaría a los 12 años del pago inicial, a cargo de los inversores estratégicos.
Los querellantes podrían apelar ante la Corte Suprema de Santa Fe en busca de una revisión de la sentencia. De todos modos, una vez que la sentencia se torne firme, los pagos a los acreedores se llevarían a cabo en el transcurso del mes siguiente.
