Las autoridades de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) presentaron una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) para que investigue si las empresas comercializadoras de las cadenas de soja, trigo, maíz y girasol incurrieron en una cartelización de la demanda para fijar los precios contra los intereses de los productores.
La presentación de Carbap, que corre por vía administrativa, tiene un blanco específico: la Cámara de Industrias Aceiteras de la República Argentina y Centro Exportador de Cereales (Ciara-CEC), que nuclea a las 10 empresas exportadoras de granos -algunas multinacionales y otras locales- más importantes que operan en el país: sumadas explican la práctica total de las exportaciones de esos productos y sus derivados desde argentina.
Con un discurso que habitualmente ensalza la libre competencia de mercado, CIARA representa a empresas como Cargill, Glencore, Dreyfu, Molino Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata. Pero ahora, esa Cámara, que tiene un apartado especial sobre “política de competencia” en su web, es acusada de una práctica desleal que enturbia los mercados y produce un precio artificial que los beneficia en detrimento de los productores.
“Vemos un mercado que no tiene ni la transparencia, ni lo competitivo que debe ser. Y donde no aparece la puja en el mercado, y que por cierto sí aparecen valores de referencia, que son valores únicos que dejan un sabor un poco amargo. ¿Por qué y cómo se fijan estos valores?”, dijo el presidente de Carbap, Horacio Salaverry, al dar a conocer la presentación que se formalizó la semana pasada.
Carbap avanzó con la denuncia luego de un estudio de los mercados que le tomó cuatro años y que se realizó a través de su Comisión de Granos y Medio Ambiente en colaboración con el estudio de abogados BRIYA y distintos procesionales de las cadenas analizadas. Según comunicó la entidad agropecuaria, analizaron cuestiones cono la evolución de los precios FOS y FAS, la estructura de los mercados de exportación de granos y la industria aceitera y molinera, de los tipos de cambio y su aprovechamiento por las exportadoras, del comportamiento de la demanda cuando se impusieron cupos y del funcionamiento de los fideicomisos trigueros y aceiteros, entre otros.
“Del resultado de la investigación surgió la existencia de problemas que afectan a una genuina competencia y transparencia del mercado. En tal sentido, detectamos la posibilidad de distintas conductas anticompetitivas y presuntos comportamientos abusivos que afectan a nuestros productores”, explicó Carbap en un comunicado.
CIARA-CER respondió a través de las redes sociales. “Reresultan infundadas, asimismo, las elucubraciones relativas a la existencia de algún tipo de cartelización en el sector exportador. Todas cuestiones que, vale destacar, ya han sido cuestionadas ante la Comisión”, dijo la Cámara. Además, agregó que “no es positivo solicitar más intervenciones por parte del Estado. El mercado de granos es transparente, con múltiples operadores y tipos de mercados”. (DIB) AL
