Hugo Fernando Hadad, propietario de un campo ganadero en localidad de Las Cañadas, Córdoba, fue condenado a seis años de prisión por el delito de siembra y cultivo de plantas para la producción de estupefacientes. A su vez, Diego Era, empleado a cargo de la plantación, recibió una pena de dos años por cómplice no necesario.
Así lo ordenó el Tribunal Oral Federal N°2 de Córdoba después de estudiar las pruebas presentadas que incluyeron conversaciones de WhatsApp. El caso, que se originó a partir de una denuncia presentada ante la Fuerza Policial Antinarcótico, de acuerdo informó el Ministerio Público Fiscal (MPF), y que continuó con un allanamiento, develó que en el asentamiento funcionaba un vivero clandestino que albergaba unas 500 plantas de marihuana.
Durante el operativo, que se realizó el 29 de febrero de 2020 con la presencia de Diego Era, quien se encontraba en el predio, se hallaron en el interior de una vivienda en construcción 98 plantines de cannabis en macetas de plástico, tijeras, machetes, guantes, generadores de electricidad, una desmalezadora, un pulverizador, una balanza, tres prensas metálicas y más macetas sin utilizar.
También dieron cuenta de “dos plantas de 2,10 y 2,70 metros de altura en una huerta del predio, mientras que a doscientos metros hacia el sur de la vivienda se halló un sector de 150 metros dividido en cuatro partes con 389 plantas de cannabis entre 50 centímetros y 1,90 metros de alto junto con botellas de fertilizantes”.
Era manifestó que Hadad le propuso trabajar como casero de su campo, labor que consistiría en alimentar perros, caballos y terneros. Al mismo tiempo, sostuvo que el dueño del campo le ofreció 500 mil pesos indicándole que solo debía ponerle agua a las plantas cuando tienen las hojas para abajo y que aceptó la propuesta con miedo ya que lo había oído comentar: “Acá, en un pocito de 30 por 30, no se encuentra a nadie”.
Por su parte, Hadad reconoció ser el propietario del campo pero afirmó que no asistía con frecuencia toda vez que en 2019 se había vinculado con unas personas que le alquilaron el campo de palabra para sembrar plantas aromáticas y engordar hacienda, en tanto dijo que nunca notó nada extraño en sus visitas al predio.
Sin embargo, el fiscal general Carlos Gonella, en su alegato, calificó de “absolutamente inverosímil” el relato descripto por el dueño del campo en su declaración indagatoria y entendió que la culpabilidad de los dos involucrados estaba probada. Además de solicitar las penas para ambos acusados, Gonella pidió el decomiso del campo para que sea liquidado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
Finalmente, el juez José Fabián Asis encontró culpables a los involucrados, los sentenció a seis y dos años de prisión, y dispuso el decomiso del predio.
